La Mojana es una región estratégica de regulación hídrica cuyas condiciones sociales, económicas y ambientales crean riesgos de desastres por las inundaciones recurrentes. Las acciones desarticuladas no han solucionado esa problemática y las inversiones realizadas no han elevado su productividad ni mejorado su competitividad. Este artículo invita a pensar en la construcción de una región que aproveche sus particularidades culturales y ambientales, y presenta algunas propuestas para hacer más efectivas las acciones con una visión prospectiva que ordene La Mojana alrededor del agua.
La Mojana es un ecosistema de humedal único en el mundo ubicado en el punto de encuentro de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. Se caracteriza por la riqueza de su biodiversidad y por servir de regulador hídrico como planicie de inundación a través de su compleja red interconectada de caños y canales; se ve constantemente amenazada por eventos climáticos extremos, con inundaciones cíclicas por naturaleza. En los últimos 20 años se han registrado en la región cerca de 500 eventos, en su mayoría inundaciones y crecientes súbitas. El aumento de personas y bienes expuestos y vulnerables, el deterioro ambiental, así como los usos del suelo que no convergen con su vocación, crean el entorno propicio para la materialización de escenarios de riesgo de desastres, sumado a que las condiciones económicas y la desarticulación institucional, limitan su capacidad para gestionarlos.
Esta situación alcanzó un punto crítico cuando el dique marginal existente en el río Cauca falló en el sector de
Cara de Gato en San Jacinto del Cauca y ocasionó graves inundaciones en agosto de 2021, que aún persisten y afectan a unas 37 mil familias y 3 mil viviendas (DNP, 2022). Para mitigar esos efectos y promover el desarrollo sostenible, entre 2011 y 2021 se invirtieron 960 mil millones de pesos para afrontar problemas de carácter físico, ecosistémico, social, institucional y económico. No obstante, la recurrente necesidad de atender emergencias, la inmediatez y la desarticulación de las acciones emprendidas en los últimos treinta años no han permitido visualizar ese territorio en el largo plazo, aprovechar las oportunidades de sus condiciones naturales y culturales y ordenar el territorio alrededor del agua.
Para avanzar hacia esa Mojana posible, este artículo –basado en los diagnósticos existentes y en la opinión de expertos– invita a construir una visión prospectiva a 2030, con un enfoque intersectorial que consulte la realidad comunitaria y diversas etapas de planificación. En el corto plazo se debe intervenir el sector de
Cara de Gato para afrontar la contingencia y estructurar intervenciones para que, en el mediano y en el largo plazo se gestione integralmente el agua para restaurar la resiliencia climática, reducir los riesgos ante inundaciones y sequías, y mejorar la productividad y la competitividad. Una labor liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ((MinAmbiente), en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo Adaptación, en la que se involucren decididamente los sectores de agricultura, comercio, vivienda, transporte, energía, ciencias, hacienda y planeación nacional, las cuatro gobernaciones, las once alcaldías y las comunidades, y se unan todos los esfuerzos para concretar una visión integral de La Mojana.
LO QUE SE HA HECHO EN LA MOJANA
Durante más de dos décadas se han hecho inversiones en La Mojana que han abordado la vulnerabilidad de los habitantes, el desarrollo económico y productivo, y la gestión del riesgo de desastres por inundaciones y sequías (gráfico 1).
A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, los resultados esperados en la región no se han materializado, debido en gran medida a que las condiciones del territorio no han experimentado mejoras significativas. En cambio, han provocado nuevos riesgos o agravado los existentes, pues las entidades que operan en la región no han actuado de manera coordinada.
Por esto es crucial adoptar una visión de cuenca hidrográfica y reducir la vulnerabilidad de la población, lo que implica hacer inversiones sostenibles que resuelvan los problemas inmediatos y que fortalezcan la resiliencia de la región.
Con apoyo de la FAO, el DNP elaboró en 2003 el
Programa de Desarrollo Sostenible para La Mojana, que analizó la situación de la región, y propuso acciones de ordenamiento ambiental, uso de los ecosistemas y sus servicios, construcción de infraestructura para afrontar inundaciones, administración territorial, actividades agropecuarias y fortalecimiento institucional. Además, sentó las bases para el Conpes 3421
(DNP, 2006),
que asignó una partida presupuestal de 192 mil millones de pesos para fortalecer los municipios afectados por las intensas precipitaciones de 2005, construir un dique con compuertas e infraestructura de control hidráulico y terraplén en la ruta San Marcos-Majagual-Achí. Además, estableció acciones para los sectores social, vivienda, agricultura, educación, transporte y ambiente.
Debido al agravamiento de la problemática ocasionado por el fenómeno de La Niña 2010-2011, en 2016 se concibió el
Plan de Acción Integral para la reducción del riesgo de inundaciones y la adaptación al cambio climático en la región
(Fondo Adaptación, 2016)[1] con proyectos centrados en la construcción de infraestructura sostenible, promoción de hábitats saludables, estímulo del desarrollo socioeconómico adaptable, recuperación de las dinámicas ambientales y fortalecimiento de la gobernanza local. En el marco del plan, el Fondo Adaptación contrató los estudios y diseños esquemáticos o de prefactibilidad que hoy existen para las intervenciones en La Mojana.
Además de este Plan, y para recuperar la dinámica ambiental, en 2019 se puso en marcha el
Programa Mojana Clima y Vida, financiado con 38 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima y 79 millones de dólares del Gobierno nacional, impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Adaptación y MinAmbiente. Su objetivo es orientar la construcción de resiliencia climática en las zonas vulnerables y teniendo en cuenta las inundaciones y sequías municipales. Su horizonte de ejecución va hasta 2026 y contempla: rehabilitación de canales, recuperación de ecosistemas, monitoreo hidrometeorológico, suministro de agua potable y energía, investigación de semillas adaptadas al clima y construcción de arquitectura tradicional.
El Conpes 4076 (DNP, 2022a) respaldó con 1,83 billones de pesos las intervenciones integrales de la infraestructura y las soluciones basadas en la naturaleza[2] con el propósito de reducir el riesgo de desastres por inundaciones, agravadas por la variabilidad climática, y apoyar medidas de adaptación al cambio climático para promover el desarrollo resiliente.
Ese mismo año se aprobó el Conpes 4084 (DNP, 2022b) para promover la resiliencia climática en la región a 2030 e impulsar el desarrollo sostenible, productivo y competitivo, con el auspicio de 23 entidades del Gobierno nacional e inversiones por 54 mil millones de pesos, para aprovechar el capital natural y cultural de la región y lograr tres objetivos: 1. Gestión territorial con enfoque socio-ecológico para el desarrollo productivo y competitivo; 2. Competitividad mediante la gestión integral de los riesgos climáticos y 3. Reforzar capacidades institucionales para el ordenamiento y la planificación resiliente ante las condiciones climáticas cambiantes.
A pesar de los esfuerzos, esas iniciativas no han tomado forma en el terreno y la comunidad no percibe los resultados concretos esperados. Ante esta situación, el DNP llevó a cabo dos sesiones de diálogo con expertos[3]. Con base en esos aportes y en los antecedentes, el DNP definió el curso para explorar soluciones integrales a los desafíos que enfrenta la región.
El enfoque se concentra en tres elementos cruciales: la Fase 1, que debe realizarse en el corto plazo, es el cierre de la ruptura en el sector del dique conocido como
Cara de Gato; la Fase 2, que abarca el mediano plazo, incluye propuestas idóneas para una intervención integral en La Mojana; y la Fase 3 con un enfoque de largo plazo, busca promover la resiliencia climática a través del ordenamiento territorial alrededor agua, y el desarrollo sostenible, productivo y competitivo.
[1] Este plan es uno de los cuatro macroproyectos contemplados en el Conpes 3776 (DNP, 2013); los otros tres son Canal del Dique, Gramalote y Jarillón de Cali.
[2] O “medidas encaminadas a proteger, conservar, restaurar, utilizar de forma sostenible y gestionar los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos naturales o modificados que hacen frente a los problemas sociales, económicos y ambientales de manera eficaz y adaptativa, procurando al mismo tiempo bienestar humano, servicios ecosistémicos, resiliencia y beneficios para la biodiversidad" (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2022).
[3] En la primera participaron Juan Guillermo Garcés Líder ambiental, Manuel Rodríguez Becerra ex ministro de ambiente, y Gustavo Wilches-Chaux, ex director de la Corporación Nasa Kiwe. En la segunda participaron expertos del Fondo Adaptación, Min Ambiente y la UNGRD.
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