Para que la tierra pueda ser una propiedad común basta,
simplemente, con convertir la renta en un beneficio común
George 1982, p. 66
En el siglo XIX se definieron las grandes líneas del ordenamiento social del siglo XX. En esa época se diseñaron las grandes líneas del socialismo y del liberalismo. Entre los teóricos de esos tiempos vale la pena destacar a John Stuart Mill (1885), Henry George (1881) y Karl Marx (1867). Los dos primeros eran liberales radicales y de manera explícita manifestaron su desacuerdo con las ideas socialistas. En varios apartes de su obra, George declaró: “no soy socialista". En su opinión, se podían resolver algunos problemas fundamentales de la sociedad sin que fuera necesario que hubiera propiedad colectiva de los medios de producción. El liberalismo de Mill y George buscaba realizar la tarea distributiva a través de impuestos, sin afectar la propiedad privada.
En sus debates sobre la cuestión de la tierra, George criticó duramente a los terratenientes y, de manera impersonal, los calificó de delincuentes y ladrones.
Terratenientes irlandeses, a ustedes y a los otros terratenientes, les pido disculpas por tacharlos de delincuentes y ladrones. Confío en que entenderán que no los considero peor que a los otros seres humanos, pero no encuentro otras palabras para describir la situación actual. Estos calificativos no son contra ustedes como individuos sino contra el sistema (1982, p. 43, cursivas añadidas).
Para George era inaceptable que los terratenientes disfrutaran de una renta que proviene de la fertilidad del suelo, y que no tiene ninguna relación con el espíritu empresarial. Los privilegios de la naturaleza no pertenecen al individuo. Lo excedentes o rentas diferenciales que no se originan en la actividad propiamente empresarial, no pueden quedar en manos privadas. Estos excedentes pertenecen a la sociedad.
George mostró que la renta diferencial no debería ser para el terrateniente porque este mayor valor no tenía origen en la iniciativa empresarial. Para los autores liberales de las primeras épocas era inaceptable que alguien recibiera recursos que no fueran un resultado del esfuerzo empresarial. Las rentas diferenciales asociadas a la fertilidad del suelo no debían parar en manos de los terratenientes.
En la lógica ricardiana (ver Ricardo, 1959), que fue retomada por George, el precio del trigo, o de cualquier bien agrícola, es determinado por la tierra menos fértil. Estas fincas tienen que garantizar los recursos suficientes para pagar los costos de producción y la ganancia del empresario; así, p = c + π, donde p es el precio del trigo, c representa los costos de producción y π es la ganancia para el empresario que alquila la tierra. Si p = 100, c = 80, π = 20.
A medida que la tierra va siendo cada vez más fértil, el costo disminuye. Si ahora el costo (c) es de 50, la renta diferencial (R) es de 30. Si p = c + π + R, entonces 100 = 50 + 20 + 30. La ganancia se mantiene en 20, pero con el cambio de fertilidad, el costo baja. En otra finca de mayor fertilidad el costo se sigue reduciendo. Si fuera de 20, la renta subiría a 60; así, 100 = 20 + 20 + 60. La disminución de los costos se traduce en mayores rentas. En este ejercicio se mantienen las ganancias en 20.
Para George este crecimiento progresivo de las rentas era inaceptable. El excedente que no proviene de la habilidad empresarial no tiene ninguna justificación económica. Desde esta mirada, tenía toda la razón al calificar a los terratenientes somo “delincuentes" y “ladrones". La reflexión de George tiene plena actualidad, sobre todo cuando se consideran las rentas diferenciales por fuera del sector agropecuario.
George le dio relevancia al impacto que tuvo la llegada del ferrocarril a San Francisco a finales del siglo XIX. Tan solo con el anuncio de las obras, el precio de los activos inmobiliarios se cuadruplicó. Y como los propietarios de los inmuebles no tuvieron nada que ver con la creación de este mayor valor, George consideró que los excedentes no deberían ser para los propietarios, sino que pertenecían a la ciudad de San Francisco y al estado de California.
Ese principio básico es contundente: los excedentes relacionados con la suerte, o con factores ajenos a los individuos o las empresas, no se deberían dejar en manos de los individuos ni de las empresas. Este postulado tiene consecuencias relevantes en el campo de la política pública, así como en los aspectos fiscales.
Unos de los casos más significativos en el momento actual es el del aumento de los precios de los minerales y de los hidrocarburos.
Si, por ejemplo, en el momento inicial el costo de producción del barril de petróleo era de 40 dólares, incluida una ganancia razonable, y de un momento a otro se presenta un fenómeno exógeno –como el de actual guerra en Ucrania– y el precio sube a 100 dólares, el excedente de 60 no debería ser para ninguna empresa petrolera, porque este mayor valor no fue el resultado de su iniciativa ni de sus acciones empresariales. Esta renta diferencial (R) debería ser de la sociedad y no de agentes privados.
Si con un precio a 40 dólares las empresas obtenían una ganancia razonable, y si el mayor valor ha sido originado por factores ajenos a las empresas, no hay ninguna razón para que el excedente sea apropiado por las empresas petroleras.
Además de la guerra de Ucrania, o de la llegada del ferrocarril, otros hechos exógenos pueden explicar los aumentos del precio del suelo o de los inmuebles. En el ordenamiento urbano colombiano, es claro el mayor valor que adquiere el suelo cuando se presenta un cambio de uso. Si en un lote determinado la norma de uso se modifica –y en lugar de dos pisos se permite que la altura máxima sea de diez pisos– el lote adquiere un mayor valor, que entre nosotros se conoce como plusvalía. La situación es similar cuando un lote rural es incorporado al perímetro urbano.
Para George, los llamados lotes de engorde también eran un absurdo y fueron motivo de preocupación. Aun hoy sigue siendo absurdo que el propietario de un inmueble reciba los beneficios que han sido el resultado de un trabajo que le es muy ajeno. Los procesos urbanísticos producen un valor adicional, que suele ser apropiado por el dueño del lote.
En la pancarta anexa se critica esta práctica. Los excedentes derivados de los procesos urbanísticos deben ser apropiados por el conjunto de la sociedad, y no se deberían quedar en manos de los propietarios de los lotes.
En el país se ha avanzado con suma lentitud en la apropiación social de algunos de estos excedentes. Las participaciones en la plusvalía son uno de los mecanismos. Los lotes de engorde se castigan con una elevada tarifa de impuesto predial. Esos avances son muy insuficientes y es necesario ir más lejos, para aprovechar –de manera colectiva– los excedentes provenientes del suelo y de los procesos urbanas que han sido creados por la dinámica social.
George fundamentó su crítica a la renta diferencial en el derecho natural.
¿Y por qué se le debe pagar a los terratenientes? Si por el derecho natural la tierra de Irlanda pertenece al pueblo irlandés, ¿cómo se justifica el pago a los terratenientes? Nadie podría afirmar que la tierra les pertenece por derecho natural. No es posible afirmar que el Creador del universo privilegió a un grupo de sus criaturas, que pueden vivir en el lujo, mientras que otros les sirven, trabajando y pasando hambre (George, 1982, p. 39).
Se le está robando la tierra a quienes le pertenecen. Y este robo es continuo. Es un robo evidente que se repite de generación en generación, de año en año, y de día en día. Es un robo que condena a la esclavitud a los hijos de los esclavos de hoy (George 1881 [1982, p. 51]).
Desde el punto de vista de la filosofía moral, los beneficios que resultan de la suerte, del talento, o de factores ajenos o circunstanciales, no deberían asignarse a personas individuales. Si en la finca de una persona se encuentra petróleo, esos yacimientos no le pertenecen a ella. En términos más generales, la retribución al talento debe tener límites, porque este es un privilegio de la naturaleza y no implica que el individuo deba recibir todos los beneficios que se derivan de un talento excepcional. Por razones retributivas, el Estado debería cobrarle al talentoso una elevada tarifa impositiva.
La sociedad debe velar por las necesidades de quienes no han sido favorecidos por la fortuna. Desde la segunda posguerra y en los años setenta la función distributiva del Estado era muy clara: los impuestos marginales a la renta podían llegar a ser del 90% en el último rango de ingreso. Gracias a estas tarifas progresivas fue posible consolidar los estados de bienestar (Piketty, 2014). Es cierto que la sociedad tiene que reconocer a los talentosos, pero esos beneficios tienen límites intrínsecos.
Es indiscutible que los mensajes de George tienen plena vigencia. Por ejemplo, tiene razón cuando afirma: “en ningún lugar, la cuestión de la tierra es un asunto exclusivamente local. Es un tema universal" (George, 1982, p. 1).
El camino que abrió Henry George ha sido continuado por Harold Hotteling (1931) y William Vickrey (1977). Hotelling considera que los instrumentos fiscales de los que dispone el gobierno son suficientes para controlar el ritmo de agotamiento de los recursos naturales. Si el gobierno considera pertinente reducir la velocidad de la exploración minera, basta que exija un mayor monto de regalías, o aumente la tarifa de los impuestos a la renta. Este autor se extraña porque los gobiernos no aprovechan los mecanismos que tienen para reducir o aumentar la explotación de los recursos naturales. Por su parte, Vickrey unifica las teorías de George y de Hotelling con la suya, y propone el teorema George-Hotelling-Vickrey (González, 2013)
Vickrey se aparta del enfoque ricardiano y enmarca el teorema en una lógica marginalista. El principio básico del teorema es sencillo: en el margen, las rentas derivadas de la dinámica urbana son suficientes para financiar los servicios y los bienes públicos que ofrece la ciudad. En el caso colombiano, una norma como la Ley 388 de 1997 ofrece una variedad de instrumentos para captar el valor del suelo y de los excedentes generados por los procesos urbanos. Los gobiernos locales se han quedado cortos en la puesta en práctica de las alternativas fiscales que ofrece la Ley 388.